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Juristas piden indulto para presos colombianos enfermos

La reciente gira europea para promocionar la campaña: “Yo te nombro Libertad”, de la mano de Fredy León González, politólogo y miembro de la Corporación Solidaridad Jurídica, quiso visibilizar la existencia y persecución de la que son víctimas los movimientos sociales y políticos en Colombia, sin obviar la libertad de prisioneros por razones de índole política y trato digno para la población carcelaria que cumple condenas.

Fredy León González pertenece a una organización colombiana que hizo acompañamiento humanitario y coordinación en defensa de los DDHH del movimiento Marcha Patriótica y denunció  la criminalidad del pensamiento crítico como praxis de ciertos agentes estatales que tratan de acallar a la oposición de un país como Colombia.

 

“Abogando por los derechos de los pueblos, hemos denunciado el acoso y persecución a la que se somete al abogado defensor de los Derechos Humanos”, dijo Fredy León González, quien mostró su preocupación por la alarmante cifra de prisioneros políticos en las cárceles colombianas, sus condiciones de vida y la falta de garantías procesales.

 

Corporación Solidaridad Jurídica participó en el XVIII congreso de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) que tuvo sede en Bruselas, del 15 al 19 de abril, en un espacio de encuentro de asociaciones de abogados que reunió a juristas de cinco continentes y defensores de prisioneros políticos de más de 56 países en todo mundo, donde se aprobó una moción por el respeto de los derechos de los presos vascos y el fin de la dispersión, así como la liberación de prisioneros enfermos como Arnaldo Otegui, entre otros. La AIJD reúne a miembros de las diferentes ramas de la profesión legal, abogados, jueces, magistrados, académicos y estudiantes de derecho que dedican su actividad profesional a la lucha para la completa realización de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

 

Es la primera vez que Solidaridad Jurídica participa de este espacio y Fredy León González mostró optimismo con los resultados obtenidos, “exitosos”, apostilló, por ser una tribuna para la denuncia internacional e intercambios obtenidos.

 

Fredy León González explicó que el contenido y metodología del encuentro se desarrolló en varios paneles alrededor de la criminalidad de los movimientos sociales en Colombia y expusieron la situación de los 9500 presos políticos bajo condiciones infrahumanas en las cárceles del estado colombiano. “Sacamos a la luz, la situación de otros países como Cuba y Palestina y se concluyó con una declaración política que respalda la lucha de varios pueblos”.

 

Entre los Juristas reunidos con el buró de la organización del XVIII Congreso que representa varios países, las delegaciones de Gran Bretaña, Filipinas, Bélgica, Italia, País Vasco se comprometieron a hacer exhaustivo seguimiento del proceso de paz en Colombia.

 

Conversaciones de La Habana

 

Negociadores de las FARC en La Habana

 

En el marco de este congreso, la organización Solidaridad Jurídica reivindicó varios puntos esenciales sobre las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las guerrilas de las Farc: hacer un llamado a las partes para no levantarse de la mesa hasta lograr la paz; que el gobierno colombiano brinde las garantías debidas a la oposición política para ejercer sus derechos civiles y políticos, cesando la persecución y criminalización del movimiento social colombiano; que la Comunidad Internacional respalde el proceso de paz y vele por una solución política con justicia social entre el Gobierno de Santos y las FARC; exigir, en materia humanitaria, el cese bilateral de hostilidades en el marco del conflicto, creando un clima de confianza, y la amnistía ó indulto para prisioneros políticos colombianos en estado de salud terminal o discapacitados.

 

Según León González, la opinión pública internacional no tiene acceso al proceso de paz que adolece de un auténtico pacto de confidencialidad: “No se puede discutir la paz con hermetismo y de espaldas al pueblo”. El presidente Santos no permite que organizaciones, como Solidaridad Jurídica, puedan hacer lecturas más completas de lo que acontece en Cuba. En este sentido, las autoridades colombianas desempeñan un doble juego con la presencia de una delegación en La Habana, mientras que proyecta una grave y profunda represión en Colombia. Se sigue sofocando duramente la protesta social y se enfatiza contra Marcha Patriótica que busca una solución política en el país.

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