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EN GRAVE ESTADO LA POBLACIÓN CARCELARIA

Presos políticos y de guerra padecen tortura físicas y sicológicas ///

Por: Oficina de Prensa de la Delegación de Paz de las FARC-EP ///

Las FARC-EP denunciaron este sábado que unos once mil presos políticos y de guerra padecen tortura, hacinamiento, falta de atención médica, incumplimiento de medidas judiciales tales como la tutela.

La denuncia fue dada a conocer en la ciudad de La Habana-Cuba por el vocero de la Delegación de Paz de la organización insurgente, Ricardo Téllez, cuando en Colombia acaba de suceder una huelga de hambre de de prisioneros políticos y de guerra, reclamando el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

La denuncia se refiere a que la capacidad instalada para albergar internos es de 75.726 cupos y la población real existente en las cárceles es de 117.528, habiéndose duplicado en los últimos dos años. Las FARC-EP se sumaron a las denuncias que indican que los internos se ven obligados a interponer tutelas para lograr la atención en salud y que, pese a los fallos de tutela a favor, son desconocidas por el Impec y Caprecom.

A la denuncia de las FARC preceden otras denuncias de los prisionero, de defensores de los presos políticos y otras organizaciones humanitarias, refiriéndose al inhumano hacinamiento carcelario, la mala alimentación, tortura física y sicológica o traslados lejos de sus familiares, entre otros casos, que esta semana provocaron una huelga de hambre de 2 días, de los prisioneros políticos y de guerra de Eron Picota, de Bogotá.

El vocero insurgente advirtió que pese a la pésima situación carcelaria el gobierno colombiano estaría considerando recibirle a los Estados Unidos presos de Guantánamo, transnacionalizar la justicia y de privatizar el sistema carcelario.

Finalmente la declaración de la insurgencia reitera que se hace necesaria una reforma al sistema judicial por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente para la paz.

En un comunicado los presos políticos y de guerra de la cárcel La Picota ya habían denunciado que, desde diciembre de 2013 hasta ahora, han muerto siete internos bajo  circunstancias de desamparo total en salud, al tiempo que denunciaron tratos crueles y degradantes contra los presos, y reclamaron porque el Estado  ni la sociedad civil voltea su mirada hacia la penosa condición de personas privadas de la libertad.

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